La Secretaría de Salud no logró, en 2019, tener una gestión eficiente, transparente y apegada a la normativa de los recursos del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos. El desorden fue tal que la dependencia y las entidades tienen pendientes aclaraciones por 2,663.9 millones de pesos.
Así lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Auditoría de Cumplimiento 167-DS, que forma parte de la evaluación a la cuenta pública 2019.
La ASF detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1,398.8 millones de pesos (mdp) en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco, que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.
De esos 1,398.8 mdp al IMSS le corresponden la mayor parte: 1,342.9 mdp.
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) es un programa de nueva creación en el ejercicio fiscal 2019.
En términos del artículo 9 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, este programa sustituye al componente de salud de PROSPERA.
Su objetivo es garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios para la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, sobretodo en regiones de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de las 32 entidades federativas, incluyendo los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI y el IMSS Bienestar.
De acuerdo al marco legal y operativo del programa, la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) deberá implementar mecanismos de verificación y se apoyará en los reportes mensuales de productividad correspondientes, en los que las unidades ejecutoras deberán informar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales señalados en cada convenio específico de colaboración.
Cualquier gasto fuera de los autorizados para medicamentos, recursos humanos y los destinados para la dignificación de unidades médicas que no cuente con la validación de la DGPLADES puede ser motivo de observación en la fiscalización al programa.
Los recursos se deben poner en una cuenta única y específica, para poder tenerlos bien identificados.
Una vez radicados los recursos en la Secretaría de Finanzas o equivalente de la entidad federativa, esta se obliga a transferirlos íntegramente a la unidad ejecutora del gasto que se haya determinado en el convenio específico de colaboración, dentro de los cinco días hábiles siguientes, junto con los rendimientos financieros que se generen.
La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará como incumplimiento y el monto deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos, señala el marco de referencia que presentó la ASF sobre la auditoría a este programa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
