El gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla Valdez entró en conflicto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal luego de que la administración estatal decretara la cancelación del cobro en la caseta Tijuana-Playas de Rosario, lo cual ocasionó que la Guardia Nacional interviniera. El pasado martes, Bonilla Valdez firmó el decreto por el que se estableció que el gobierno del estado se haría cargo de la administración de ese tramo carretero para que los residentes de Playa de Rosario y automovilistas que circulan por la zona ya no pagaran por cruzar por este punto.
El mandatario llevó a cabo un acto público en el que simbolizó la liberación de la caseta, acompañado del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en donde, además de dar lectura al decreto, entregó ‘las llaves’ al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, pues según anunció, se convertirá en una ‘caseta de seguridad’, para inhibir hechos delictivos en la zona. El gobernador anunció que a partir de la emisión de este documento, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) sería la dependencia encargada de los gastos de mantenimiento y de operación de este tramo carretero. La cancelación de la caseta de cobro fue una promesa de campaña de Bonilla Valdez. El decreto señala que la recaudación de la caseta de peaje de Playas de Tijuana se convirtió ‘en un ingreso muy importante para el gasto corriente del gobierno federal’, generando 5 millones de pesos por semana. Indica que en las inmediaciones del tramo carretero viven cerca de 12,000 familias bajacalifornianas, que al cruzar diariamente para hacer sus actividades cotidianas su economía se ha visto seriamente afectada al gastar más de 1,000 pesos por semana para cruzar este punto, ‘casi el 35% de su salario’.
Bonilla señaló que durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, la SCT amplió la concesión sin consultar a los ciudadanos de esta entidad. El decreto establece: Este miércoles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal emitió un comunicado en el que declaró ilícito el decreto expedido por Bonilla Valdez.
La dependencia consideró que la medida viola la Constitución y diversas leyes federales al invadir la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. La SCT informó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) procedería a iniciar las acciones correspondientes para que se le restituya la posición y administración de la caseta y el tramo carretero La tarde de este jueves, el gobernador denunció que por órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron enviados varios elementos de la Guardia Nacional con el fin de que Capufe recuperara la caseta de cobro. En su videoconferencia de prensa, Bonilla Valdez informó que durante la madrugada de este jueves, guardias nacionales se enfrentaron a un grupo de ciudadanos que intentaba evitar que autoridades federales retomarán el control sobre la caseta de cobro.
Bonilla Valdez informó que esto ocurrió mientras él se dirigía a la Ciudad de México en donde tras enterarse de lo sucedido se reunió con el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Alfonso Durazo, a quién le planteó los excesos cometidos por los elementos de la GN. El mandatario denunció que “llegaron con tanques de guerra’ unos 100 elementos de la Guardia, la Sedena y la Marina para ir a rescatar la caseta. “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cobardemente usó a la Guardia Nacional y la Guardia cobardemente se prestó para eso en contra de ciudadanos, si no están de acuerdo que vayan a los juzgados y que nos ganen ahí”, señaló. En un segundo mensaje el gobernador también pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que reaccione positivamente a favor del gobierno de Baja California. “Le pido al presidente que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta y también le pido al Congreso de Baja California que presente un exhorto y mandarlo al Congreso Federal para expropiar la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos”, dijo el gobernador.
FUENTE: EXPANSIÓN
