En junio de 2018, unas semanas antes de la elección federal de ese año, el gobierno de presidente Enrique Peña Nieto descongeló a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 722 cuentas bancarias presuntamente ligadas con cárteles de narcotráfico, así como con empresas fantasma y compañías ligadas a La Estafa Maestra, entre otros.
Se trató de un desbloqueo masivo y posiblemente ilegal de acuerdo con una denuncia que la actual administración de la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2019.
Los detalles son revelados ahora en un reportaje del periodista Ignacio Rodríguez Reyna publicado en el portal Aristegui Noticias bajo el título “Operación Hermes: Así se descongelaron las cuentas al Cártel de Sinaloa y a otros grupos del narco”.
Los documentos publicados revelan que el 4 de junio de 2018 se emitió una orden electrónica a través de un sistema interno de Hacienda conocido como “Hermes”, en la cual se instruyó levantar el bloqueo de casi un mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares que se encontraban en 722 cuentas bancarias de personas físicas y morales.
Originalmente dichas cuentas fueron bloqueadas bajo la sospecha de estar relacionadas con operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con el reportaje, algunas de las cuentas están relacionadas con posibles actividades de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero también con entramados de corrupción a través de empresas fantasma, como La Estafa Maestra.
En la lista de cuentas desbloqueadas también figurarían las de empresas relacionadas con la presunta inyección de recursos que gobiernos estatales del PRI hicieron a campañas electorales, e incluso otras empresas vinculadas con operaciones de venta de jugadores del futbol mexicano a Europa.
La instrucción del desbloqueo de dichas cuentas bancarias la dio el entonces titular de la UIF, Orlando Suarez López, de acuerdo con el documento publicado como parte del reportaje.
Lo que no se precisa es qué avances tendría la FGR en cuanto a los hechos denunciados hace un año por la UIF. Dicha denuncia se habría promovido por el delito de “uso ilegal de atribuciones” y lo que resulte en contra de Suárez López, de Alberto Bazbaz y de Mauricio Moreno, exdirector de procesos legales de la UIF en 2018.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
