Desde la Oficina de Representación del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reiteraron la denuncia de corrupción del Poder Judicial de la Federación por solapar a jueces que liberan delincuentes.
Aludiendo a las publicaciones sobre 13 personas encontradas sin vida en Poza Rica, el mandatario afirmó que los medios sólo muestran el lamentable hecho pero ocultan la realidad que le antecedió, pues muy poco se dijo de la reciente exoneración a 44 procesados por diversos delitos, entre éstos 21 homicidas, pederastas y secuestradores.
“No pusieron en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decir lo menos, actitud de jueces federales; nosotros ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan”, enfatizó, al tratarse de una situación expuesta localmente y que no ha captado la atención suficiente a nivel nacional.
Tras lamentar el hallazgo de los cuerpos, destacó la captura de seis presuntos responsables y el refuerzo de los operativos de seguridad con 714 elementos en la región; sin embargo, “resulta perverso que otros asesinos estén nuevamente en la calle y nadie reflexione que ahora cuentan con un salvoconducto de parte de la Suprema Corte”.
Por ello señaló a la máxima tribuna de Justicia de la Nación: “están avalando las liberaciones por consigna, en perjuicio irreparable a la sociedad veracruzana”, aseveró, para continuar con la lectura de procesos en los que jueces concedieron amparos y que hoy son 11 más que los 33 ya descritos en conferencia local del pasado 10 de agosto.
Antes, la titular del Poder Judicial de Veracruz expresó que esta institución siempre ha velado por el cumplimiento de la ley, así como las determinaciones que la autoridad federal emite; sin embargo, en esta ocasión no coincide con sus resoluciones y considera que sus representantes resuelven amparos a través de formatos y sin analizar las pruebas, dejando vulnerable a la sociedad.
Externó preocupación por el otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales contra la prisión preventiva justificada, misma que no es violatoria de derechos humanos y resulta ser la medida idónea para mantener el orden público, al tiempo de argumentar que un buen juzgador no es aquél que sólo sabe de Derecho, sino el que resuelve con perspectiva social.
Por último, García Jiménez coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que el Poder Judicial de la Federación no tiene remedio y daña irreparablemente a los mexicanos; “hoy lo sostengo con hechos y es triste concluir que la corrupción imperante no deja ver a los ministros”, a quienes exigió, una vez más, dejar de solapar a los jueces federales que han incurrido en dichos excesos.
Fuente: Gobierno de Veracruz.
