La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en las liberaciones amparadas en la Ley de Amnistía – promovida como medida de apoyo frente a la pandemia por coronavirus- sí se consideran a sentenciados por “algunos delitos contra la salud”, cuando se trate de personas en extrema pobreza, con discapacidad permanente, en esquema de discriminación o quienes pertenezcan a grupos indígenas.
“Por ejemplo, nosotros tenemos un tema ahí de las mujeres que transportan droga pero que son indígenas que ni siquiera hablan el español y son engañadas para transportar una mochila o alguna maleta con droga, estamos considerándolas por su extrema vulnerabilidad o personas consumidoras de drogas que haya consumido narcóticos en cantidades superiores a las permitidas”, dijo.
Al participar en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la funcionaria explicó que en el país se declaró la emergencia sanitaria el mes pasado y, en ese contexto, las autoridades definieron las actividades esenciales que podían seguir en operación; en ese punto, relató, Gobernación pidió que no se cerraran los centros de justicia para las mujeres y que se asegurara el servicio en los registros civiles, incluso por la vía intinerante, para la expedición inmediata de las actas de defunción en pueblos apartados.
Sánchez Cordero les habló del plan de excarcelación operado por el gobierno federal, desde antes de la pandemia pero que ahora toma relevancia con la Ley de Amnistía, de la cual pidió a los gobiernos estatales hacer “leyes espejo” en sus entidades porque la mayor parte de las personas que pudieran ser puestas en libertad están sentenciadas por delitos del orden común, de jurisdicción local, no federal.
“En esta ley estamos privilegiando medidas urgentes para poder excarcelar a mujeres embarazadas, adultas mayores, indígenas y también personas en situación de vulnerabilidad; por ejemplo, estamos excarcelando a mujeres que hayan cometido el delito de aborto, casi todas del fuero común, tanto a la madre del producto como a médicos, comadronas y parteras que intervinieron en este delito.
Señaló también que se busca la liberación de personas enfermas y se cuida que no halla hacinamientos en las prisiones, ante esta emergencia por la expansión del coronavirus.
Los casos en general son analizados por la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, en el contexto de la emergencia sanitaria decretada en el país el pasado 31 de marzo.
“Estamos privilegiando medidas urgentes para poder excarcelar y que obtengan su libertad” las personas de los grupos señalados, dijo al explicar los alcances de la Ley de Amnistía.
Puntualizó que el beneficio no será extensivo para quienes cometieron delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o que hayan utilizado armas de fuego durante la comisión del delito.
“Hemos establecido hipótesis normativas para otorgarles el beneficio, la libertad anticipada, a estas personas”, explicó.
En tanto, Paulina Téllez, jefa de la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, dijo que a partir de la aplicación de las medidas sanitarias por la pandemia se continúa el diálogo con los tribunales superiores de justicia, con las fiscalías y con las defensorías pública, incluso con apoyos legales vía telefónica.
En la conferencia a larga distancia participaron juristas de Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, España, Paraguay y Portugal.
FUENTE: LA JORNADA
