Enrique Burgos.
La extorsión se ha convertido en un factor que genera preocupación en el ámbito de las inversiones en el sur de Veracruz, advirtió Iván Ordaz Aréchiga, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Mencionó que la seguridad en los municipios debe ser abordada de manera conjunta por los tres niveles de gobierno.
Y es que recientemente José Alfredo Carmona Capetillo, director de gobernación del Ayuntamiento de Minatitlán, señaló que la responsabilidad en delitos de alto impacto no recae únicamente en la autoridad municipal.
El cierre del bar “Jalisquito” en Minatitlán ha reavivado la discusión sobre la extorsión y el complejo escenario de seguridad en la región.
“La verdad es un foco, no sé si rojo, pero sí muy preocupante para el tema de las inversiones. Yo creo que el tema de la seguridad debe de atenderse desde los tres niveles de gobierno y siento que sí, la federación está tomando cartas en el asunto, todo debería de ser alineado”, comentó el representante de los constructores.
El hecho del viernes pasado, pone en evidencia la persistencia del delito que aún no se ha logrado contener, siendo un problema que afecta a nivel nacional.
Frente a esta situación, la gobernadora Rocío Nahle García informó, tras la celebración de una mesa de seguridad, que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya está atendiendo el caso y reiteró la necesidad de fortalecer las leyes contra la extorsión.
“La extorsión es un delito grave que vulnera la libertad de los ciudadanos. Estamos trabajando para endurecer las penas y garantizar que este tipo de actos sean castigados con mayor severidad”, manifestó la gobernadora, subrayando la importancia de actuar de manera contundente ante este flagelo.
Con estas acciones y declaraciones, tanto autoridades como empresarios coinciden en que es imprescindible un trabajo coordinado y una respuesta firme.
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