El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen por el cual se autoriza a la Fiscalía General del Estado (FGE) una ampliación presupuestal por 50 millones de pesos (mdp), ejercicio fiscal 2025, para la construcción de un laboratorio de Antropología Forense y una Osteoteca, así como para una barda perimetral en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales.
Como resultado de lo anterior, se facultó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, emita las autorizaciones presupuestales y efectúe los ajustes necesarios en los capítulos de gasto específicos y demás rubros que correspondan.
En el dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny García Cayetano, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, expone que esta autorización permitirá al organismo autónomo crear una mejor infraestructura para agilizar e incrementar los procesos de identificación de cuerpos y restos humanos.
Con calidad en las pruebas periciales y ofreciendo respuestas dignas a las familias de las personas desaparecidas, lo que constituye un beneficio directo para la sociedad, añade.
Por otra parte, refiere que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso al derecho a la procuración de justicia, proteger a las víctimas, coordinarse con los municipios para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, así como, esclarecer los hechos de actos constitutivos de delito en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Por último, precisa que las reformas y adiciones realizadas a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz legitima la ampliación solicitada por la FGE, con base en la protección integral de los derechos de las Personas desaparecidas y de las Personas Fallecidas sin identificar, garantizando la dignificación póstuma, el acceso a la justicia, una debida diligencia y las sanciones a los responsables.
Fuente: Congreso de Veracruz.
