El Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 36 votos a favor de la reforma por la cual se armoniza la Constitución Política del Estado de Veracruz con la Carta Magna federal, en pos de la consolidación democrática del Poder Judicial del estado, su fortalecimiento y la profundización de sus funciones para una mayor eficacia, responsabilidad e inclusión con respecto a las personas justiciables, como un poder cercano a la gente y sujeto a su escrutinio.
De acuerdo con el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que también registró seis votos en contra y cero abstenciones, la convocatoria para la integración del listado de candidaturas será publicada por el Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.
Cada uno de los Poderes del Estado postulará dos personas para cada cargo e integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas honorables de reconocido prestigio en el ámbito de la actividad jurídica, quienes elegirán de entre sus integrantes a la persona que coordine sus trabajos.
Las personas coordinadoras de los tres Comités integrarán una Comisión Coordinadora, responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.
Cada comité seleccionará, conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora, a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica
Además, los comités garantizarán la paridad de género en el listado de personas a insacular por especialidad, de ser aplicable. Asimismo, observarán la paridad de género en el listado de propuestas posterior a la insaculación.
Para los efectos de esto, cada uno de los Poderes del Estado postulará dos personas para cada cargo: el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la Gobernadora o Gobernador del Estado; el Poder Legislativo mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial del Estado, por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría de sus integrantes.
Establece el Tercero Transitorio que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, durarán tres y cinco años en el cargo, por lo que su nombramiento vencerá en 2028 para dos de ellos y en 2030 para los otros tres, en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quien alcance la mayor votación.
Por último, el Sexto Transitorio señala que el órgano de administración judicial tendrá como fecha límite los primeros diez días de abril de 2027 para enviar al Congreso del Estado un informe sobre la situación de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina y de Conciliación y Arbitraje, así como de las juezas y los jueces de Primera Instancia.
Posicionamientos de grupos legislativos y partidos políticos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, indicó que esta reforma enfatiza la mejoría de la evaluación y calidad democrática que ahora reviste el Poder Judicial y representa la profundización del modelo innovador democrático y esencialmente transformador que se puso en marcha en 2024 en materia de impacto de justicia.
“Queremos un Poder Judicial donde tengamos asegurada una impartición de justicia que satisfaga las necesidades de las y los veracruzanos, donde los problemas de las personas sean resueltos y donde siempre, por encima de todo, se salvaguarden sus derechos”, afirmó.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, ponderó que la concurrencia con otros procesos permitirá una planeación electoral ordenada, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y mayor anticipación en la preparación de candidaturas, boletas, casillas y cómputos. También, agregó, se mejora el procedimiento previo a la elección.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la intención de las reformas propuestas y rechazó que la justicia sea selectiva y controlable, que sirva para proteger a delincuentes, castigar a adversarios y justificar todo con tal de acceder al poder, lo cual calificó como “el peor mal que tiene nuestro país”.
Si una reforma necesita reformarse una y otra vez antes de dar resultados, el problema no es el calendario, el problema es el diseño, afirmó la diputada María Elena Córdova Molina, quien dijo que el partido Movimiento Ciudadano (MC) no acompaña esta reforma, “no porque estemos en contra de mejorar nuestras instituciones. Todo lo contrario. Queremos una justicia profesional, autónoma, imparcial y que dé resultados. Pero las instituciones no se fortalecen corrigiéndolas permanentemente. Se fortalecen construyéndolas bien y respetando su independencia”.
A su vez, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, criticó la reforma al Poder Judicial, su procedimiento y el desempeño de algunos de sus integrantes, por lo que rechazó que el Congreso vote “a conveniencia del poder y del partido mayoritario”
El diputado Héctor Yunes Landa manifestó su oposición al contenido del dictamen y dijo que Veracruz necesita una reforma seria, técnica y responsable, que combata la corrupción y el nepotismo y que no destruya las capacidades institucionales construidas durante décadas. Por lo contrario, “esta nueva reforma que nos proponen no busca ninguno de esos propósitos, sino el continuismo depredador que sólo busca postergar la consumación del daño causado”.
Fuente: Congreso de Veracruz.
