El diputado Diego Castañeda Aburto presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en materia de procuración de justicia, que contempla bajar de nueve a cuatro años el periodo en el cargo, determina más requisitos, establece como obligación someterse a evaluaciones de desempeño y prevé la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación.
La iniciativa, a la cual se sumaron las bancadas de Morena, PVEM y PT, la y el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, así como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, fue turnada por la Mesa Directiva para el trámite correspondiente a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.
En la Tribuna, el legislador Diego Castañeda explicó que con su propuesta se prevé un nuevo procedimiento que comprenda requisitos, designación y nombramiento, así como la ratificación y remoción de la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que confluyan de manera equilibrada los Poderes Ejecutivo y Legislativo como representantes de la ciudadanía.
Indicó el aumento en los requisitos que debe cumplir la persona aspirante al cargo, con la finalidad de obtener un mayor control sobre los deberes y obligaciones que tiene que observarse por la evidente importancia pública y política; “consisten en someterse y acreditar las evaluaciones y certificaciones de control y confianza correspondientes; y, no haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección de un partido político, un año previo a la designación”, precisó.
Subrayó que el perfil de la o el titular de la FGE será de una persona honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género.
Asimismo, el también presidente de la Comisión de Procuración de Justicia informó que se adoptaría un carácter temporal al reducir el periodo de gestión de nueve a cuatro años, con la posibilidad de permitir evaluar su desempeño y de acuerdo con el resultado optar por un segundo periodo.
De acuerdo con el legislador, se analizaría el rendimiento de la persona titular de la FGE en la medida que su desempeño haya demostrado que conserva los atributos que motivaron su elección.
Agregó que la revalidación de la persona que desempeña la titularidad constituye un derecho inherente a quienes ejercen ese servicio público para que se revise su actuación con base en parámetros objetivos y, a su vez, una garantía de la sociedad de contar con titulares de órganos idóneos que aseguren una procuración de justicia plena y eficaz, acorde con las exigencias constitucionales, políticas, jurídicas y sociales.
El procedimiento de designación y nombramiento, inicia con el Congreso del Estado, emitiendo el listado de las propuestas respectivas, para someterlo a conocimiento de la Gobernadora o Gobernador y éste formule la terna, devolviéndola al Legislativo, dando razonamiento puntual de su proceder.
Hecho lo anterior, se llevaría a cabo el procedimiento de comparecencias, análisis y votación. Todo ello, sobre la base del control y concierto político, que demanda el cumplimiento de la función de procuración de justicia como elemento constitutivo de una sociedad políticamente organizada.
El contenido íntegro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz puede consultarse en el Anexo B de la Gaceta Legislativa número 7, publicada en la página www.legisver.gob.mx.
Fuente: Congreso de Veracruz.
