Un acto de discriminación y señalamientos por corrupción fueron denunciados al interior de la Junta Especial 38 de Conciliación y Arbitraje con sede en Coatzacoalcos y cuya presidenta es Sandra Irma González Peniche, apuntó el abogado laborista, Fausto Vicente Torres Pérez.
Explicó que un grupo de trabajadores que prestaban el servicio para la empresa Seylu del Istmo S. A. de C. V., fueron discriminados cuando en una solicitud de audiencia les dijo que no podían entrar todos a la oficina, debido a que “Apestaban a pobre”.
“En las diversas ocasiones que ellos acudieron la secretaria que tiene ahí afuera de su oficina le indico a la persona, a las personas que fueron que primero tenían que agendar una cita y cuya cita iba desfasada, así lo hicieron, llegó el mes y en ese momento eran 12 trabajadores, lamentablemente en el trayecto se murieron dos, cuando ellos llegaron les dijo que solamente pasara uno, porque todos apestaban… apestaban a pobre”, manifestó.
Ante esto presentaron la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos que resulten, desacato a un mandamiento de una autoridad federal y discriminación racial por el color de la piel de los agraviados.
Corrupción dentro de la junta
Torres Pérez, abundó que el proceso de demanda por despido injustificado fue presentado desde el 2014 y a pesar de haber promovido juicios de amparo para simplificar la resolución, esto no ha ocurrido, debido a que González Peniche, no ha querido emitir la sentencia, supuestamente luego de que el Juez Federal de distrito Agustín Archundía alargó el proceso y no se dio a conocer la sentencia.
Detalló que, aunque ya estaban preparados para sentencia, se tuvo que acudir a solicitar la protección constitucional ante el juez federal y resulta que el 10 de julio del año pasado, el juez 9no de distrito, les concedió la protección, obligando a la presidenta para que diera cumplimiento inmediato a la emisión de la sentencia de los agraviados y hasta noviembre, por intervención de Agustín Archundia, le extendió la facilidad para no dar cumplimiento.
“Ya cambiaron el juez y la nueva ha sido condescendiente para no dar la sentencia, Sandra Irma lleva más de 5 requerimientos sin recibir la multa de 100 veces el salario mínimo, por eso denunciamos ante la FGR por el artículo 267 que puede deshabilitar de la función y mandar a la cárcel al servidor público que incumpla una sentencia o no la haga cumplir como está ocurriendo aquí”, mencionó.
Ante tal situación, dijo esperar que la autoridad pertinente tome cartas en el asunto y no solo resuelva el tema de los agraviados por Saylu del Istmo que dieron empleo por dos años a estas personas en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, sino también que atienda lo que se vive en la junta de conciliación federal donde no solo hay corrupción sino que incluso, esconden expedientes laborales, con la ayuda del actuario Arturo Gazca y Facundo Andrade para no llevar a cabo las audiencias.
El abogado insistió que lo único que buscan es una resolución a la demanda por despido injustificado que cumplirá en 2024 10 años de haber iniciado contra Saylu del Istmo que les dio empleo en la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.
Radio Hit Noticias.
