Todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales de los estados serán públicas y podrán consultarse.
Hasta ahora no era posible conocer el contenido de todas las sentencias de los jueces y magistrados, solo las que se consideraban como de “interés público”, un concepto que nunca se delimitó y que quedó a la interpretación.
Esto será posible gracias a que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular –por 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones– un proyecto de decreto para modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el dictamen del proyecto de decreto que se votó este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados se destaca que la opacidad con la que opera el Poder Judicial, al no hacer públicas sus resoluciones, impide a la sociedad evaluar la forma en la que se imparte justicia, favorece que se emitan sentencias discriminatorias e impide detectar actos de corrupción.
Puesto que hasta ahora, señala el dictamen, las leyes de transparencia obligan solo a poner a disposición de la ciudadanía aquellas sentencias consideradas como de interés público, en la ambigüedad de este concepto el Poder Judicial se escuda para mantener la opacidad en su labor.
Además, señala, la transparencia judicial resulta esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo.
El decreto aprobado por los diputados reforma la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que ahora estipulará que no solo se conozcan aquellas sentencias de interés público, sino todas las emitidas, aunque en versiones donde se protegerán los datos personales de los involucrados.
Diputados de los diferentes partidos subieron a tribuna para manifestarse a favor de la reforma a esta Ley y terminar así con la opacidad en los poderes judiciales de los estados.
La diputada Esmeralda Moreno, del Partido Encuentro Social, señaló, por ejemplo, que la publicidad de todas las sentencias “no solo promoverá la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecerá la confianza entre la sociedad y el poder judicial, se promoverá mayor responsabilidad en el respeto y promoción de los derechos humanos, y permitirá valorar y dignificar la labor judicial en el país”.
El decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por ahora pasa al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales correspondientes.
El dictamen para hacer la reforma a la Ley de Transparencia fue ya también votado y aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, que lo turnó después para su análisis y votación a la de diputados.
Quienes propusieron las iniciativas que terminaron en el decreto de reforma a la Ley de Transparencia fueron los senadores, Nadia Navarro Acevedo, de Acción Nacional, y Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano.
El pasado 1 de noviembre de 2018, el Congreso de la Ciudad de México hizo lo propio y reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias, lo que se tomó ahora por la Cámara de Diputados como referencia en materia de derecho comparado.
El antes del decreto
En 2015, una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) redujo la obligación de los poderes judiciales para difundir todas sus resoluciones.
A partir de esto, en los estados sólo estaban obligados a mostrar a la ciudadanía aquellas que consideren de “interés público”. Pero nunca se estableció una definición concreta para ese concepto.
De acuerdo a los resultados del Ranking de (In)Justicia Abierta, elaborado por la organización civil Equis Justicia para las mujeres, todos los poderes judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana.
Para evaluar a los poderes judiciales de las entidades, la organización civil hizo un ejercicio comparativo. A partir de diez preguntas –como: cuántas sentencias publican, si cuentan con políticas de transparencia pro activa y mecanismos de participación ciudadana o si tienen un presupuesto destinado a transparencia– se crearon indicadores. El puntaje máximo que podrían obtener las entidades era de cien puntos.
Los que mejor salieron evaluados no llegaron ni a 50. Yucatán tiene 47.5; Chihuahua y San Luis Potosí, 45; Chiapas, Guanajuato y Michoacán, 40; Durango, Quintana Roo y Sonora 35; Hidalgo, 30; CDMX, 27.5, de ahí hasta Colima y Tabasco con 5 puntos y Puebla, Morelos, Aguascalientes, y Estado de México con 0 puntos. “Todos los poderes judiciales locales del país están más que reprobados en transparencia”, sentencia el estudio de Equis Justicia.
En estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit, el poder judicial considera que ninguna sentencia es de interés público y por lo tanto asume que no tiene la obligación de difundirlas entre la ciudadanía.
FUENTE: ANIMAL POLITICO
