La filtración de la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari , Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto , así como otros 13 políticos mexicanos, por su presunta implicación en los casos de corrupción de Odebrecht en México y la supuesta entrega de sobornos para avalar la reforma energética, no viola el debido proceso, pero sí podría poner en riesgo la investigación y la posibilidad de alcanzar justicia. Este miércoles 19 de agosto se difundió la denuncia de 63 páginas que presentó Lozoya ante la Fiscalía General de la República, casi un mes después de haber sido extraditado de España a México, y ese ‘descuido’ tendrá repercusiones, aseguran.
Dividida por temas, el exdirector habla en su declaración de los casos Odebrecht, Etileno XXI, Agronitrogenados y la Reforma Energética; también, menciona a los excandidatos presidenciales José Antonio Meade, del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, así como a los exsenadores, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro; David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía; Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Ernesto Cordero Arroyo, todos ellos cercanos al presidente Felipe Calderón. Para expertos consultados por Expansión Política , la difusión de estos nombres implica una violación al principio de presunción de inocencia, afectación que podría generar denuncias por daño moral y, en algunos casos, hasta fugas de los implicados o el ocultamiento de pruebas. Los especialistas difieren en si la revelación del contenido afecta lo que se conoce como el ‘debido proceso’ de quienes son señalados; argumentan que para que eso suceda, se requeriría que ya hubiera una acción legal contra ellos, lo cual hasta ahora no ha pasado . Quienes consideran que sí se vulnera dicho principio explican que, cuando se inicie investigación contra los acusados, ellos tienen la facilidad de interponer algún recurso para sustraerse de la justicia. Así lo considera el abogado penalista, Ramón Celaya Gamboa, quien sostiene que la filtración de la denuncia sí viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y lo hace por partida doble. “Viola el debido proceso de ambos. Aunque el que importa ahorita es Lozoya porque es el que está detenido. En el futuro, cualquier acción legal en contra de los señalados podría impugnarse por la filtración y manejo mediático del caso”, afirma.
El también experto en inteligencia y procesos de seguridad destaca que la filtración puede llegar a anular los procesos judiciales. La difusión de la denuncia y la publicación de un video en el que se ve a Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez, excolaborador del gobernador de Querétaro, recibir paquetes de dinero, fueron una petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideraba que, al tratarse de un asunto de Estado, los mexicanos tenían el derecho de saber nombres y montos del daño por estos actos de corrupción. La denuncia de Lozoya fue altamente difundida en internet. La Fiscalía General de la República se deslindó de esa filtración y afirmó que había iniciado una carpeta de investigación para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento. Aunque no se tiene claro quién la difundió, se especula que fue una filtración intencional con el objetivo de dañar el proceso de investigación o de dar beneficios políticos para el implicado. La coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro , explica que sin procedimiento legal no puede haber violación al debido proceso, pero refiere que la difusión derivará en beneficios de tipo político.
“La difusión del contenido de la denuncia y del video solamente puede dar beneficios de tipo político para los adversarios de quienes son exhibidos y beneficios de tipo mediático para Lozoya, en la medida que desvían la atención pública de lo que está pasando en su expediente”, refiere. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José Fernández de Cevallos , considera que el debido proceso implica que las reglas procesales tienen que cumplirse, más aún aquellas que involucran derechos fundamentales. Cuando esto no se cumple, destaca, pueden darse casos como el de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien recuperó su libertad no porque se demostrara su inocencia en el caso de secuestro, sino porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en su proceso legal hubo diversas irregularidades y violaciones. Además, considera que la publicación de la denuncia atenta contra el principio de secrecía con el que debe conducirse un proceso judicial, lo cual pondrá en riesgo la investigación y los resultados de la misma. Al hacer públicos nombres, hechos, montos y acusaciones se alerta a quienes pudieron haber violado la ley y se incrementa el riesgo de que se oculten pruebas o incluso se extraigan de la justicia. Y si bien hace unos días el mismo fiscal general había adelantado algunos nombres de presuntos denunciados por Lozoya, al conocerse la denuncia, los señalados pasaron de ocho a 17.
Con él coincide Adriana Graves, cofundadora de la organización Tojil, quien afirma que violar la secrecía de la investigación complicará aún más la investigación a cargo de la FGR. “Se puso en riesgo completamente la investigación porque las personas ahí mencionadas lo primero que van a hacer es ocultar los datos de prueba; entonces, hicieron aún más difícil el trabajo que ya era muy difícil para la Fiscalía”, destaca. Sin embargo, considera que no por haber hecho pública esta denuncia, quedará sin efectos. Ahora corresponderá a la Fiscalía investigar si lo relatado por Lozoya es verdad o no y sustentarlo con pruebas. Y es que en las 63 páginas de la que fue su denuncia inicial, Lozoya acusa a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de crear un esquema de corrupción en el gobierno que tenía como común denominador remunerar o compensar a todas las personas que ayudaron a la campaña presidencial del político de Atlacomulco. Contratos de proveeduría de insumos, contratos, adquisición de empresas o inmuebles, era la forma de pagar esos favores, acusa Lozoya Austin.
La filtración transparenta el proceso En contraste, Octavio Martínez Camacho, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que la filtración de la denuncia no solo no viola el debido proceso, sino que impregna de transparencia un asunto que es de interés de todos los mexicanos. ‘(El debido proceso) son los derechos mínimos que tiene cualquier persona que enfrenta un proceso legal y en ello se incluye el derecho a saber de qué y quién lo acusa, guardar silencio hasta contar con un abogado, ofrecer pruebas a su favor, confrontar a las personas que acusan”, señala. Destaca que las acusaciones de Lozoya sobre 17 personas, no las hace culpables, solo es un dicho que debe ser probado y sobre un posible daño moral, considera que los implicados pueden defenderse e incluso presentar una denuncia. Expone que en otros países casos emblemáticos de corrupción los fiscales encargados de la investigación ofrecen conferencias de prensa para dar pormenores a la sociedad, pero sin que se ponga en riesgo el proceso.
FUENTE: EXPANSIÓN
