La vida de millones de mexicanos está en riesgo: seis de cada 10 medicamentos que se comercializan son falsos, caducos o robados y se adquieren en tianguis, por Internet o hasta sin receta médica en farmacias.
De acuerdo con denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la República, es principalmente el cártel Jalisco nueva generación (CJNG) –una de las organizaciones criminales más extendidas y violentas que operan en el territorio nacional–, el que promueve la producción de fármacos piratas y obliga a muchas pequeñas y medianas farmacias a venderlos, principalmente en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) indican que México ocupa el sexto lugar mundial en la venta ilícita de medicinas. Esto, calcula, genera alrededor de 16 mil millones de pesos de ganancias anuales para los delincuentes involucrados en la fabricación, distribución y comercialización de estas sustancias. Sin embargo, está de por medio la vida de quienes las consumen.
Representantes de 10 empresas farmacéuticas afectadas por esta actividad criminal, la cual identifican directamente con el CJNG, externaron a La Jornada su preocupación por el riesgo que genera, más allá de pérdidas económicas. En enero interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los medicamentos apócrifos que más circulan se encuentran tratamientos contra cáncer, VIH, paludismo, osteoporosis, diabetes, hipertensión, colesterol, males cardiovasculares u obesidad. También para Alzheimer, disfunción eréctil, asma, antibióticos, productos antisicóticos, esteroides, antiinflamatorios, analgésicos, antitusivos, hormonas y vitaminas.
El barrio El Santuario, en Guadalajara, Jalisco, es una de las principales zonas del país donde se practica este comercio ilegal. Ahí, entre 2011 y 2017, el gobierno federal decomisó 100 de las 500 toneladas decomisadas a escala nacional de químicos falsificados, muestras médicas y fármacos controlados, de acuerdo con los registros de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Actualmente este negocio sigue boyante. Todo lo anterior, a pesar de que México es el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica y un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluidos antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros, según refieren datos de la Secretaría de Economía.
De ese modo, en territorio nacional están asentados 14 de los 15 principales laboratorios internacionales de fármacos, por lo que México es considerado uno de los centros neurológicos del sector a nivel mundial, con operaciones que representan alrededor de 1.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 7.2 del PIB manufacturero. Cada año, la industria farmacéutica genera más de 185 mil millones de pesos en la economía del país. Existen 678 empresas especializadas con más de 65 mil empleos; la mayoría se ubican en la Ciudad de México, estado de México, Puebla, Michoacán y Jalisco.
La Organización Mundial de la Salud calcula que uno por ciento de los medicamentos que se venden en naciones desarrolladas son fraudulentos. Esta cifra se eleva a 10 por ciento en varias en vías de desarrollo; mientras, en algunas zonas de Asia, África y América Latina la cantidad asciende incluso a 30 por ciento del mercado, señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Hace un año, el líder del Senado y de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para sancionar la falsificación de medicamentos, el robo y la venta ilegal de éstos con penas que abarcarían de ocho a 30 años de prisión y una multa de 80 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización. La propuesta legislativa aún no ha sido analizada.
Para los representantes de las empresas afectadas, la amenaza a la salud de millones de usuarios ha crecido, igual que las pérdidas económicas. Desde 2013 varias compañías detectaron la comercialización de medicamentos apócrifos en diversas regiones del país, pero más preocupante ha sido que desde 2019 sus distribuidores comenzaron a tener reportes directos del involucramiento del crimen organizado, ya no sólo en el robo de cargamentos, sino también para presionar a los dueños de pequeñas y medianas farmacias para comercializarlos.
Señalaron que estas acciones ocurren en municipios urbanos y rurales, entre ellos, Zapotlanejo, Tlajomulco de Zúñiga, Ocotlán y Atotonilco, en Jalisco; Aguililla, Coahuyana y Aquila, Vista Hermosa y Tanhuato, en Michoacán, así como en Tixtla, Chilapa, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Petatlán y José Azueta, en Guerrero, donde el CJNG tiene presencia y se ha asociado con grupos delictivos locales, como La nueva familia michoacana y Los Granados.
Estas sustancias sin control también pueden adquirirse en gigantescos tianguis populares, como Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl; también en Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa; en San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, y Tepito en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; asimismo, en San Isidro y Loma Bella en Puebla, así como en mercados de la colonia Zapata y Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.
Apócrifos valen una quinta parte de los originales
“‘¡O los compras o los compras… y los vendes!’, así nada más, así llegan a los establecimientos. Amagan a los encargados o a los dueños y los obligan a comprar las ‘medicinas’ que les llevan; luego son forzados a colocarlas entre las existencias de los productos auténticos y a comercializarlas entre sus clientes. Si se oponen podría costarles la vida”, narraron.
Los primeros indicios les llegaron a través de los encargados de distribución directa de las medicinas de patente. “Dialogamos con los propietarios de los negocios y así supimos y conseguimos muestras de varios medicamentos adulterados, los cuales sometimos a análisis y de esa forma sustentamos las denuncias ante la FGR”, dijeron los fabricantes. Como parte de esas investigaciones se hicieron pruebas químicas a productos que consiguieron en Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
En el análisis contra el original y cuya fórmula se prescribe para la faringitis de uno solo de aquellos fármacos falsificados se descubrió que una de las cajas –con supuesta fecha de producción 2013-2014– contenía sustancias inocuas (placebos), mientras otras pastillas fabricadas entre 2019 y 2020 contenían una mínima cantidad de uno de los componentes de la fórmula patentada.
La venta de esa sustancia a los laboratorios está bajo control gubernamental, pero para nosotros no hay manera de rastrear quién está desviando la sustancia, aseveraron los entrevistados.
Las muestras obtenidas por los fabricantes también permitieron identificar que los falsificadores cotidianamente buscan perfeccionar sus copias y tratan –aunque de forma fallida– de igualar colores, diseños y logotipos de cada caja y tamaño, sellos y hasta la manera en que cada pastilla o serie de cápsulas son empaquetadas.
El principal atractivo es la radical diferencia de precio: los medicamentos falsos se venden hasta en la quinta parte de lo que cuesta un producto original.
FUENTE: LA JORNADA
