Pío López Obrador interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ordene al Instituto Nacional Electoral detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero, pues los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva.
MILENIO confirmó que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió al ex magistrado Salvador Nava para que lo defendiera en las denuncias electorales que se presentaron en su contra, luego de que se diera a conocer un video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero, del ex director de Protección Civil y entonces colaborador del gobierno de Chiapas, David León.
En septiembre, la Unidad de Fiscalización del INE comenzó la indagatoria en contra de Pío López Obrador tras las denuncias presentadas el PAN.
Fuentes allegadas al proceso, confirmaron a MILENIO que hace más de una semana, el INE envió un requerimiento al hermano del Presidente con una serie de preguntas. Sin embargo, la indagatoria del INE se basa en las deducciones de un periodista y no en el video como prueba de un presunto delito.
Por ejemplo, el cuestionario pide a Pío aclarar sobre 2.4 millones de pesos que recibió en el 2015 y que habrían sido para beneficiar la campaña presidencial de Morena. Sin embargo, en el video nunca se mencionan montos ni a ningún partido político, por lo que no existe prueba alguna de que las deducciones hechas por el medio de comunicación que difundió el video, sean exactamente por esa cantidad o con dicho fin.
“En el video no se desprenden ninguno de esos elementos, la Unidad de Fiscalización da por hecho lo que el periodista Loret de Mola afirma, pero eso no se dice en el video, se puede suponer que sea para Morena, pero ahí no se habla de eso, así que no hay evidencia alguna”, explicaron quienes están involucrados en la indagatoria y pidieron anonimato.
Además, la norma electoral que regía en el 2015, indicaba que este tipo de presuntos delitos tenían una prescripción de tres años, es decir, en el 2018. Luego, se modificó la norma señalando que el plazo se establecería a partir de que la autoridad se enterara de los hechos. Sin embargo, recordaron que ninguna ley puede ser retroactiva a menos que beneficie al denunciado.
Por lo que con asesoría del ex magistrado Salvador Nava, la semana pasada Pío interpuso un recurso de apelación ante el TEPJF alegando que no se le puede investigar por hechos prescritos.
El argumento se basa “en el estricto derecho de que no existe valoración jurídica”, por lo que si el Tribunal confirma que son hechos consumados, ordenaría al INE detener la investigación pues no habrá nada que se puede sancionar.
Personas allegadas al equipo del hermano del Presidente, señalaron a MILENIO que si por interés político y mediático se concluye la investigación, no habría manera de que exista una sanción por el tiempo, como tampoco se podría comprobar un delito pues las investigaciones toman “los dichos del periodista” como válidos y no el video como evidencia.
También confirmó que el hermano del Presidente cuenta con al menos tres grupos de abogados para que lo defiendan en las cuatro demandas que hay un su contra.
En el aspecto electoral, es decir, ante el INE y el TEPJF lo apoya Salvador Nava a quien Pío contrató incluso cuando él llevaba las impugnaciones de México Libre de Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón para que les otorgaran el registro de partido político.
Otros abogados lo asesoran ante la Fepade y un despacho de penalistas fueron quienes lo aconsejaron presentar la demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola, a pesar de que el resto de sus asesores le sugirieron no hacerlo por tratarse de libertad de expresión.
FUENTE: MILENIO
