Los agentes extranjeros, como los de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que operen en México no sólo tendrán prohibido aplicar leyes extranjeras en nuestro territorio, sino además estarán obligados a proporcionar a las autoridades mexicanas la información que recaben en su estancia.
La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado, busca “limitar” la actuación de los agentes extranjeros que operan en nuestro país, por lo cual no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos.
Así, el proyecto propone que la Cancillería, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina, otorgará la acreditación correspondiente y definirá la circunscripción territorial del agente extranjero. Se les autorizará portar las armas de fuego que en su caso autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, estarán obligados a presentar a la Cancillería y a la SSPC un informe mensual.
Tendrán prohibido realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que viole de la Constitución mexicana.
“El gobierno de México supervisará en todo momento el cumplimiento por parte de los agentes extranjeros de las obligaciones legales”, se establece en la iniciativa.
Además, los servicios públicos de las entidades, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar a la SRE y SSPC dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros.
Para febrero, audiencia de García Luna; verán más de 760 mil pruebas
Un juez de la Corte de Nueva York decidió aplazar para el 17 de febrero la audiencia en la que se analizará la evidencia contra Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.
La sesión, realizada ayer lunes en la Corte Este de Nueva York y transmitida en vivo vía telefónica, duró apenas 20 minutos y en ella se le leyeron los cargos a García Luna, inscritos en la acusación criminal CR 19-576.
Asimismo, se dio a conocer la temática de la sesión, iniciando con el análisis de la petición que hizo la Fiscalía para aplazar la sesión 60 días y con ello dar oportunidad a las partes de seguir con la revisión de 760 mil nuevas pruebas contra García Luna, inscritas en un expediente de más de 955 mil hojas.
El exfuncionario mexicano y César de Castro, su abogado, platicaron brevemente sobre el tema.
De Castro aseguró que no había podido hablar con su cliente desde octubre y que, desde entonces, sin explicación, les han cancelado tres reuniones.
Señaló que tras platicar con García Luna se enteró de que él tampoco ha podido ver las pruebas en su contra, porque ha estado en aislamiento por 40 días (en cuarentena).
Por ello, De Castro señaló que no tenía inconveniente en que se pospusiera la audiencia y con ello tener tiempo de revisar el voluminoso expediente y la evidencia contra su cliente.
Señaló que discutirá con García Luna si acepta o no la petición de los fiscales para que el expediente quede sellado.
El juez aclaró que la entrega de pruebas del gobierno a la defensa demorará hasta que la defensa se pronuncie en torno a la petición de sellar o no el caso, cuya finalidad es proteger la integridad de los testigos y sus familias.
Al final, el juez aceptó aplazar la audiencia y fijó la fecha del 17 de febrero de 2021 para que ésta se reanude. Asimismo, dio tres semanas para que la defensa de García Luna diga si acepta o no que el caso se selle.
García Luna fue detenido el 10 de diciembre de 2019, hace prácticamente un año, en Dallas, Texas, Estados Unidos, bajo la imputación de cinco cargos criminales.
Fuente: EL Financiero.
