El Juez Décimo Octavo de Distrito decidió sobreseer el amparo que solicitó la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien pidió ser reinstalada en el cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras su destitución el 23 de octubre del 2020.
Desde la percepción del juzgador, la remoción de Martínez Huerta como titular del Poder Judicial no le causa agravio personal y directo, ya que únicamente se revocó la representación que le había entregado el Pleno del Tribunal y no el nombramiento que le dio el Congreso en octubre del 2019, por lo que mantiene su empleo.
“Se considera que tales actos, no causan una afectación real y actual a la quejosa, porque si bien se revocó su representación como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, no se le destituyó del puesto de Magistrada de dicho Tribunal, por lo que es evidente que no le causa un agravio personal y directo”, expone el resolutivo.
Y se menciona que al continuar ostentando el cargo de Magistrada se tutela su garantía de estabilidad en el empleo, solo le revocan facultades de administración interna, sin embargo, mantiene su trabajo como visitadora.
En su petición, Martínez Huerta habría solicitado revocar la convocatoria de 22 de octubre 2020 emitida por sus homólogos, la cual tuvo por objetivo analizar su permanencia en el cargo. Asimismo, pedía ser reinstalada en el cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, del cual fue destituida el 23 de octubre pasado.
Así, se echaría abajo el nombramiento de Isabel Inés Romero Cruz, quien fue designada como magistrada interina, así como la publicación del acuerdo en sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2020, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 426 Tomo CCII el mismo día.
En diciembre de 2019 el pleno del Congreso local otorgó el nombramiento a Sofía Martínez Huerta como magistrada por un periodo de diez años. En noviembre del 2020, el juez José Clemente Zorrilla solicitó juicio contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras ser removido del juzgado a su cargo.
El viernes 19 de marzo, con 35 votos a favor la mayoría de los diputados consideraron procedente el juicio político en su contra, que podría llevar a la revocación del nombramiento que se otorgó en 2019 e inhabilitarla hasta por cinco años.
Fuente: Agencia.
