China Communications Construction, ganadora de la licitación por más de 15 mil 500 millones de pesos del primer tramo del Tren Maya, uno de los proyectos estrella del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acumula acusaciones internacionales de corrupción y pago de sobornos.
Mientras que la portuguesa Mota Engil, una de las constructoras consentidas en el sexenio de Peña Nieto, junto con China Communications, Gavil Ingeniería, Evyasa y Grupo Cosh, construirá el tramo ferroviario en consorcio, acumula más de cuatro años de retraso y un sobrecosto de 4 mil millones de pesos en la obra de la Autopista urbana Siervo de la Nación, en el Estado de México.
Sin embargo, el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), órgano gubernamental que está a cargo del Tren Maya, aseguró que el proceso de licitación y de contratación de la mega obra se llevó a cabo “en estricto apego a la normatividad” y con el “acompañamiento y vigilancia de la Agencia de Naciones Unidas”.
Señalamientos a China Communication
Este jueves 23 de abril, el periodista Raúl Olmos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), expuso que China Communications Construction tiene múltiples señalamientos de presuntos actos de corrupción y de sobornos en el extranjero.
El señalamiento más importante se produjo en julio de 2011, cuando el Banco Mundial anunció que sancionó a la constructora china, y a todas sus empresas subsidiarias, por “prácticas fraudulentas” en obras en Filipinas, por lo que esta compañía no pudo participar en ningún proyecto que estuviera financiado por el Banco Mundial durante siete años, hasta enero de 2017.
En 2018, otra compañía subsidiaria de China Communicationa Construction -China Harbour Engineering Company-, también fue incluida por Bangladesh en su ‘lista negra’ por un intento de soborno a funcionarios de la Secretaría de Finanzas de ese país relacionados con la construcción de una autopista de cuatro carriles.
Y también en mayo de 2018, el diario The New York Times publicó una nota en la que señaló que el gobierno canadiense de Justin Trudeau bloqueó la compra de una constructora canadiense -Grupo Aecon- por parte de China Communications Construction, alegando que esa compra podía poner en riesgo la “seguridad nacional” del país norteamericano.
Aunque el gobierno de Trudeau no informó públicamente el motivo del veto más allá del argumento de la “seguridad nacional”, The New York Times informó que en el parlamento canadiense los legisladores de ese país mostraron su preocupación por las acusaciones de soborno en contra de la constructora china en Bangladesh y su inclusión en la ‘lista negra’ de este país.
Años antes, en 2015, otra empresa subsidiaria de la empresa china concesionada para el Tren Maya, China Harbour Engineering Company, también fue investigada por el gobierno de Sri Lanka por presuntamente ofrecer sobornos a la campaña de reelección presidencial de Mahinda Rajapaksa, quien finalmente perdió las elecciones en su país.
De acuerdo con una nota publicada por Reuters, la constructora china consiguió un contrato para construir una ciudad portuaria en Colombo, capital de Sri Lanka, durante el gobierno del entonces presidente Mahinda Rajapaksa. Sin embargo, con el cambio de gobierno en ese país, la obra fue suspendida, apunta la agencia.
La constructora china negó las acusaciones, que tildó de “infundadas y falsas”.
Por su parte, las autoridades mexicanas del Fonatur apuntaron en un comunicado que China Communications Construction Company es una empresa “de amplia experiencia internacional en grandes proyectos de infraestructura”, que “hoy ya se encuentra habilitada para concursar en proyectos financiados por el Banco Mundial”, luego de la sanción que le fue impuesta en 2011.
“Es importante señalar que en los últimos años el gobierno de China, principal accionista de China Communications ha llevado a cabo reformas para combatir la corrupción de compañías chinas en el extranjero. Asimismo, China Communications ha generado un departamento de Compliance basado en las mejores prácticas internacionales para evitar casos como el de 2011”, recalcó el Fonatur.
FUENTE: ANIMAL POLITICO
