Un total de 41 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones otorgó la LXVII Legislatura de Veracruz al dictamen que presenta los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2025 de los entes fiscalizables del estado, suscrito y emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia de este Congreso.
En la Novena Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la Mesa Directiva puso a discusión del Pleno el documento que da cuenta de los resultados presentados a la comisión dictaminadora por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) el 22 de septiembre de 2026.
Este organismo sustanció el Procedimiento de Fiscalización Superior respecto de la gestión financiera del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo (dependencias, organismos públicos descentralizados y fideicomisos), Poder Judicial, organismos autónomos, Universidad Veracruzana (UV), Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz, municipios y entidades paramunicipales.
En primer término, como resultado de la auditoría Financiera en la Cuenta Pública del Congreso del Estado, no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a recomendaciones.
Respecto del Poder Ejecutivo, las auditorías Financieras y, en su caso, Técnicas a la Obra Pública, en 16 dependencias y 31 organismos públicos descentralizados derivaron en la no detección de irregularidades, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que resultaron en observaciones y/o recomendaciones.
Por lo que corresponde al Poder Judicial del estado, tanto las auditorías Financieras y/o Técnicas a la Obra Pública, como en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública, no arrojaron irregularidades relacionadas con un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias administrativas.
Con respecto a la Universidad Veracruzana (UV) las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, se detectaron irregularidades en la actuación de las y los servidores y/o exservidores públicos y se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 225 mil 023 pesos y se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
Por otra parte, a partir de las auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública, en 181 gobiernos municipales se detectaron irregularidades con un probable daño patrimonial por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos, junto con inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
No así en 30 ayuntamientos, donde no se detectaron irregularidades, pero sí inconsistencias de tipo administrativo, como sucedió también con cinco entidades paramunicipales.
En 14 entidades paramunicipales, a partir de las auditorías Financieras y Técnicas, se detectaron irregularidades y se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por 42 millones 156 mil 725 pesos, así como inconsistencias administrativas.
En cuanto a las auditorías Financieras y/o, en su caso, Técnicas a la Obra Pública en 16 organismos públicos descentralizados, se detectaron irregularidades en la actuación de las y los servidores y/o exservidores públicos determinándose un presunto daño patrimonial por 3 millones 975 mil 377 pesos. Además, inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
Las auditorías y revisiones en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera realizadas en 205 municipios no mostraron irregularidades, pero sí inconsistencias administrativas, mientras que en seis municipios se advierten observaciones por 6 millones 573 mil 040 pesos con el carácter de irregularidades en la actuación de las y los servidores o ex servidores públicos que pudieran ser representativas de un presunto daño a la hacienda municipal.
Además, en seis municipios se detectaron irregularidades en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera y un presunto daño patrimonial por 6 millones 573 mil 040 pesos e inconsistencias de carácter administrativo.
En 15 entidades paramunicipales no se detectaron irregularidades en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, pero sí inconsistencias.
El dictamen también consigna los resultados de 38 auditorías: 33 de Legalidad (en 20 entes municipales y 13 paramunicipales) y cinco de Desempeño (en cinco entes estatales), así como 28 auditorías de Orden Social.
De acuerdo con el dictamen, el pasado 14 de septiembre, la Comisión Permanente de Vigilancia entregó al Orfis la Cuenta Pública 2025 del municipio de El Higo. Señala que, al estar establecidos los tiempos en la Ley de Fiscalización Superior Estatal y al haber concluido la etapa de solventación del Procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2025 en la fecha señalada, su revisión careció de viabilidad material.
En el artículo tercero transitorio, el Decreto instruye al Orfis llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública de El Higo para que se haga la auditoría correspondiente al Ejercicio 2025, a efecto de ser revisada en el siguiente Procedimiento de Fiscalización Superior y dar cuenta de ello a esta Soberanía.
Posicionamientos
El Grupo Legislativo de Morena fijo su posicionamiento en voz del diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, quien aseveró que la aprobación de estos Informes no cierra definitivamente la fiscalización, sino que el proceso debe continuar hasta que sean atendidas y, en su caso, se determinen las responsabilidades que deriven. “Aprobar el dictamen significa reconocer los resultados de la revisión realizada, pero también exigir que sus conclusiones tengan consecuencias institucionales”, precisó
“La confianza ciudadana en las instituciones se fortalece cuando existen mecanismos efectivos para revisar el ejercicio del presupuesto, corregir deficiencias y actuar frente a posibles irregularidades. Nuestro deber es garantizar que cada peso del presupuesto público esté sujeto a vigilancia y que ninguna observación quede sin la atención que legalmente corresponda”, concluyó.
Por el Grupo Legislativo de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su coordinador, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, respaldó el dictamen y adelantó que pondrán especial atención en los organismos de agua y saneamiento; seguimiento que, dijo, deberá reflejarse en los informes que el Orfis entregue a esta representación, en su revisión por parte del Congreso y en su posterior difusión y conocimiento en la sociedad.
La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez presentó el posicionamiento del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN). Preguntó si se aplicaron los mismos criterios en la fiscalización en los municipios y en las dependencias estatales y habló de la necesidad de saber qué se compró, qué se recibió y cómo se comprobó su distribución. “No podemos conformarnos con que el dinero está justificado en un papel; tenemos que saber si ese dinero cumplió su propósito. Revisar las cuentas públicas tiene que servir para aclarar dudas y corregir irregularidades”, expresó.
En nombre propio y de la diputada Elizabeth Morales García, el legislador Ramón Díaz Ávila, ambos del Partido del Trabajo (PT), exhortó a los entes fiscalizables a atender con documentación técnica, contable y/o financiera suficiente las observaciones; a las administraciones municipales a prevenir observaciones de daño patrimonial, y al Orfis a promover la posible existencia de responsabilidades de los servidores públicos o particulares y presentar las denuncias y querellas penales de daño patrimonial, ante las instancias correspondientes.
El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló inconsistencias en el Informe General Ejecutivo y en los Informes Individuales. Dijo que el Orfis identifica presuntos daños patrimoniales, pero no señala si esos daños derivan de negligencia, dolo, corrupción, mala planeación o falta de capacidad administrativa y tampoco presenta recomendaciones, propuestas, rutas, análisis o evaluación. Consideró que “el Informe de la Cuenta Pública 2025 se queda muy corto en varios aspectos técnicos” y que “este Congreso no debe renunciar a su obligación de exigir claridad, profundidad y rigor”.
En uso de la voz, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz abordó lo relativo a la gestión de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), que contrastó con los resultados de la Cuenta Pública, y cuestionó los criterios y métodos para determinar que lo informado se trata de una falta administrativa y no como posible daño patrimonial. Respecto de los ayuntamientos, pidió investigación y sanciones a los responsables de faltas y daños en perjuicio de la sociedad.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso incompatibilidad entre lo que este Congreso se autoriza y las carencias que experimentan distintos sectores sociales. Añadió que en este Congreso se vela por los intereses de la sociedad veracruzana y que las leyes son claras y marcan procedimientos perfectamente delimitados.
El legislador Héctor Yunes Landa consideró que la ausencia de daño patrimonial en un informe de auditoría no significa, por sí misma, que todo se haya hecho correctamente, y que tampoco equivale a certificar que el gasto fue eficiente, que las contrataciones se ajustaron a la ley o que los recursos públicos cumplieron con su propósito.
Fuente: Congreso de Veracruz.
