La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares presentada por el PAN y el PRD en contra del presidente López Obrador y del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral.
El pasado 13 de junio un grupo de legisladores de dichos partidos, encabezados por la diputada federal panista, María Marcela Torres Peimbert, interpusieron una queja ante el INE, por considerar que al hacer público el documento “Rescatemos a México”, sobre la supuesta integración de un Bloque Opositor Amplio (BOA), se violaban los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales en curso.
Sin hacer una referencia particular a la presentación del documento o al supuesto Bloque durante una conferencia mañanera, el INE informó que no resulta procedente otorgar una medida cautelar, en la vertiente de tutela preventiva.
A través de un comunicado, el Instituto expuso que, “si bien se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas, esta Comisión considera que no se surten los requisitos”.
La resolución añade: “Sin embargo, dadas las características y contexto del caso, el hecho de que actualmente están en curso dos procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, ha lugar a reiterar las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.
La Comisión de Quejas y Denuncias advirtió a todos los servidores públicos “especialmente y de manera destacada al presidente de la República y al vocero de esa dependencia pública”, que está prohibido utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales.
Los consejeros insistieron en que los servidores públicos deben “conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.
FUENTE: ARISTEGUI
