Ante el asesinato de al menos 24 candidatos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados alista un par de iniciativas para establecer que los homicidios dolosos no prescriban, así como anular comicios ante la injerencia del crimen organizado, todo esto con el fin de dar un “mensaje” en el ámbito electoral.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la Jucopo, la violencia que ha impactado al proceso electoral en curso obligó a que los líderes parlamentarios de San Lázaro analizarían los alcances que tiene la Cámara baja para hacerle frente a esta problemática.
Por ello, adelantó que la mayoría de los grupos parlamentarios, con excepción de MC, acordaron legislar inmediatamente en una ley para que los homicidios dolosos sean imprescriptibles, además de que buscarán analizar la iniciativa que propone anular una elección en donde se compruebe que hubo injerencia del crimen organizado.
En este sentido, destacó que, aunque todavía se está definiendo la iniciativa “para que se adecúe no sólo a un marco electoral, pero sí como mensaje en el ámbito electoral”, y se está perfeccionando la redacción para que el caso de los homicidios dolosos quede claro que este delito nunca prescribirá. Lo anterior podría ser discutido el próximo martes.
Y es que lamentó que en el contexto electoral han ocurrido muchos homicidios dolosos a manos de la delincuencia organizada, lo que, dijo, pone en riesgo al Estado mexicano, “porque el crimen organizado está eligiendo quiénes van a ser candidatos”.
“El crimen organizado está dando tickets para hacer o no candidato o candidata. Y casi, casi hay lugares en donde si no consigues ticket te matan, antes te amenazaban, ahora te matan. Perder nuestro Estado mexicano por supuesto que es algo que nosotros no vamos a permitir”, aseveró.
Sobre la segunda propuesta, el también coordinador del PAN en San Lázaro, destacó que, aunque están conscientes de que las reformas electorales no aplicarían para este proceso, las bancadas proponen reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que “donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado en alguna elección, ésta se anule.
“Así de simple, haya tenido más o menos votos el candidato o la candidata que sea, tenemos que meter en nuestro marco electoral la anulación de las elecciones en donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado y romperles así de raíz cualquier incentivo para que ellos participen”.
Reunión con el INE para modificar protocolo de protección
En este contexto, el panista también dio a conocer que este miércoles, el Grupo de Trabajo para el Seguimiento del Proceso Electoral creado por los diputados, plantearía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad de que se suspenda una elección en el caso de que, en ciertos distritos, alcaldías o esquemas territoriales electorales, se haya cometido el homicidio de algún candidato o candidata.
“No estamos hablando de anularlas a posteriori, sino suspenderlas a priori, en donde de plano no haya condiciones, no sólo para candidatas y candidatos, sino para las personas que se van a formar a una fila a votar”, aclaró.
De igual forma, durante un encuentro entre diputados y consejerías se propondría al INE que el protocolo de prevención de aspirantes se invierta en un caso de urgencia, es decir, que primero se brinde la protección y después se concluyan los trámites burocráticos.
“Lo que pide el protocolo es que para que la Guardia Nacional te mande elementos de protección, primero se lo tiene que pedir al INE, y el INE a la Guardia Nacional. Para que el instituto se lo pida a la Guardia Nacional tiene que cubrir muchos requisitos, que muchos de los aspirantes que están solicitando la protección consideran como hiperburocrático y engorroso.
“Entonces muchos han dicho, si este trámite dura 48 horas y que me están amenazando durante las siguientes ocho horas, de qué me van a servir tus 48 horas o más de trámite si estoy teniendo la amenaza inmediata”, detalló.
Fuente. El Economista.
